Trabajo para más de 3.800 personas, una facturación de 300 millones de euros al año, 38 fabricantes… Estas cifras hablan por si solas de la importancia que tiene para Canarias el tabaco. De hecho, el archipiélago es la única región española que mantiene la actividad industrial del tabaco, después de que se produzca el cierre de la planta de Altadis en Logroño, un cierre anunciado aunque de momento se ha aplazado unos meses.

El porqué de esta supremacía canaria hay que buscarlo en el aprovechamiento por parte de los diferentes productores de los incentivos fiscales, lo que les permite una mayor competitividad para posicionarse como proveedores para diferentes puntos de Europa y el Atlántico. Según el informe de la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros (ACIT), la producción isleña factura 300 millones de euros al año y da empleo a 3.800 personas. En Canarias, los fabricantes son 38, de los que cuatro tienen plantas manufactureras de cigarrillos: Dos Santos, Tabsa, JTI y Landewyck. El resto lo conforma productores de cigarros.

Con estas cifras, las autoridades autonómicas ingresan 176 millones de euros al año, 136 millones por los impuestos especiales y 40 millones por impuestos indirectos, denominados IGIC, similares al IVA pero más reducidos. Para mantener esta industria, los productores canarios apelan a las singularidades del régimen fiscal canario para mantener los arbitrios a la importación (25%) aprobados por la Unión Europea, de manera que se compensen los sobrecostes por la lejanía y la insularidad.

Según cifras de la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros, en España, en la península, se consumen 2.100 millones de unidades de cajetillas de tabaco, de las que 445 proceden de Canarias.  Así se justifica, siempre según la ACIT, que las exportaciones sigan en aumento, con 126 millones de euros de negocio. Los productores consideran «estratégica» la industria tabaquera canaria, por la diversificación y arraigo económico, de ahí que la trasposición de productos del tabaco sea una prioridad. «Es imprescindible que el Ministerio de Sanidad apruebe con carácter inmediato una disposición que cubra, de forma transitoria, la regulación de la actividad hasta que se lleve a cabo la trasposición. Nos resulta crucial clarificar el marco regulatorio antes del 20 de mayo», según señalan desde ACIT. La directiva introduce significativas restricciones sobre el etiquetado y envasado que ya han supuesto cuantiosas inversiones en las plantas de producción.