El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ha admitido que España no llegará a tiempo para trasponer la directiva europea del Tabaco que ha entrado en vigor el 20 de mayo, día en el que se cumple el plazo señalado por Bruselas. Según el ministro, sólo puede ser tramitada parcialmente, puesto que un Gobierno en funciones no puede aprobar leyes.
Por un lado, ha explicado en una entrevista en Radio Nacional que hay una disposición reglamentaria que se está tramitando, un Real Decreto, y que espera que llegue al Consejo de Estado, aunque los plazos son más extensos. Por otro lado, ha añadido que hay algunos aspectos de la directiva que necesitan «un cambio legal que requieren que haya Parlamento, y como no hay, va a ser difícil poder hacer la trasposición».
Paralelamente, Alonso ha señalado que, al igual que en el resto de países europeos, «se va a dar naturalmente cumplimiento» en lo que se refiere el endurecimiento en la venta de tabaco, publicidad y advertencias en las cajetillas. Desde Sanidad recuerdan que hay aspectos de la normativa europea, que son los que afectan al etiquetado y envasado, que se trasponen automáticamente. A partir de ahora, la advertencias ocuparán el 65% de la superficie de los envases (ahora el 40%), y no en la parte inferior (como ahora), si no en la superior.
El 20 de mayo de 2017 ya no puede haber cajetillas con el actual diseño; en 2019 se introduce de obligado cumplimiento unos códigos de trazabilidad en cajetillas de cigarrillos y picadura de liar y para puritos y picadura de pipa el 20 de mayo del 2024. En cuanto a la prohibición de los productos mentolados entraría en prohibición partir del 20 de mayo del 2020.
¿Se expone España a una sanción?
«Se está en contacto con todos los Estados miembros para verificar la situación, también con España», explica el portavoz de Salud de la Comisión Europea, Enrico Brivio, quien añade que «en caso de falta de la transposición puede abrirse procedimiento de infracción a los Estados que no hayan cumplido con el plazo».
Sin embargo, fuentes europeas afirman que, aunque el procedimiento podría hacerse el día después de finalizar plazo, en la práctica esto no ocurre de manera automática. Así, hablan de la posibilidad de conceder un «periodo de tolerancia», en especial a los países que, como España, trabajan en la transposición. Los países que no la han traspuesto se exponen a que la Comisión les solicite observaciones sobre el problema del incumplimiento en un plazo máximo de dos meses; si la respuesta es insatisfactoria, se da dos meses más al país para ajustarse a la directiva. El siguiente paso es un procedimiento contencioso, aunque rara vez se llega tan lejos.
